El acceso a la justicia es un derecho fundamental cuya función es garantizar, a todas las personas que buscan la solución a una controversia cuya sentencia puede afectarles directamente en su persona, derechos o patrimonio; una impartición pronta y expedita de justicia, estableciendo términos judiciales relativamente cortos para la aplicación de la misma; sin embargo, dicha “rapidez” encuentra su antítesis en la dilación procesal.

La dilación procesal implica: incumplimiento en los términos establecidos para la aplicación de la justicia, plazos exagerados para emitir una resolución, falta de diligencia o incumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios judiciales, interposición de recursos sin materia con el fin de ganar tiempo por parte de los abogados litigantes y extensión indefinida de procesos, entre otros. En ese sentido, la dilación procesal, al igual que una hiedra, obstruye una aplicación eficaz de la ley, ralentiza el desarrollo de un adecuado proceso, genera un entorpecimiento al momento de dictar una sentencia y finalmente, asfixia ese derecho de acceso a la justicia.

Luego entonces, estamos ante una plaga que, aunque no suele ser determinante para el sentido de una sentencia, sí genera una violación a los derechos humanos; ocasionando además, esa desconfianza que tanto ha estigmatizado al sistema judicial quien se ve rebasado en trabajo, con evidente rezago y por lo tanto una falta de interés y empatía al peticionario así como a la protección de sus derechos.

Consecuentemente, corresponde a todos los que integramos el sistema de justicia en México contribuir a una solución a dicha plaga, que a largo plazo lo único que han ocasionado es la descomposición gradual de nuestra carrera, cortando de tajo las malas prácticas, trabajando apegados a la ética y evitando la interposición de recursos con el fin de ganar tiempo. Solo así, podremos regenerar esa confianza hacia la prontitud en la aplicación de la justicia que hoy por hoy nos tiene oprimidos a todos como sociedad.